Cuerpo de la noticia: El Tribunal Administrativo del Atlántico ha decretado medidas cautelares en respuesta a una acción popular presentada contra el Gobierno nacional con el objetivo de reducir las tarifas de energía eléctrica en la Costa Caribe. La decisión judicial ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar los componentes de la fórmula tarifaria y su impacto económico en los usuarios, con el fin de modificarla si los costos actuales no son justificados.
El tribunal exige que este análisis se realice en una audiencia pública en Barranquilla, que deberá ser convocada por la Creg en un plazo máximo de diez días. Además, se ordena examinar otros componentes tarifarios que inciden en los altos costos, como las pérdidas y restricciones. También se plantea la creación de una comisión para desligar las tarifas del Índice de Precios al Productor (IPP) y vincularlas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En la misma resolución, la Creg deberá implementar medidas inmediatas y a largo plazo que reduzcan las tarifas del servicio eléctrico en la región. La audiencia pública convocará a autoridades locales y nacionales, empresas distribuidoras de energía y otros actores clave, con el fin de buscar soluciones concretas para la problemática.
El Ministerio de Minas y Energía y la Creg tendrán diez días adicionales para modificar las resoluciones que regulan las tarifas, buscando un alivio económico para los habitantes de la Costa Caribe. Esta decisión marca un precedente en la búsqueda de tarifas más justas en la región.
