La vicefiscal General, Martha Mancera, ha tomado medidas extraordinarias al ordenar una asignación especial para investigar un caso de corrupción de proporciones nacionales en Colombia. En el centro de la polémica se encuentra el robo de 10 lingotes de oro y una colección de 69 relojes, originalmente bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras ser incautados a Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’. La gravedad de los hechos ha llevado a calificar el caso como «de connotación nacional».

La pesquisa, a cargo del fiscal 103 delegado ante el Tribunal y adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, ha destapado una red de corrupción que involucra falsificaciones de informes, desaparición de evidencia y salpica a fiscales, policías especializados de la DIJIN, funcionarios de la SAE y una jueza de la República. Se revela que los lingotes incautados eran en realidad latas pintadas de color oro, y los relojes resultaron ser falsos, destacando la falta de autenticidad de los elementos en custodia.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el exfiscal 35 de extinción de dominio Nicolás Sotomonte, el exfiscal 74 ante los jueces especializados David Oliveros, y otros funcionarios judiciales. La jueza 80 de garantías de Bogotá también está bajo escrutinio por su presunta participación en la legalización irregular de la captura.

El caso se complica aún más con la revelación de que los elementos incautados estuvieron bajo custodia durante tres meses antes de que los lingotes fueran sustituidos por latas y los relojes resultaran ser falsos. La investigación apunta a la posible complicidad de funcionarios de alto rango de la DIJIN, señalados de alterar pruebas y presuntamente intentar hackear la investigación.

Este escándalo arroja luz sobre las debilidades en el sistema judicial colombiano, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La vicefiscalía ha respondido con medidas contundentes, asignando un fiscal especial para garantizar una investigación transparente y justa.