La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista, quienes deberán comparecer en diligencias de indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio, vinculado a un escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).
Los congresistas involucrados son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, junto con el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Según el comunicado emitido por la Corte, los investigados habrían participado en acuerdos ilícitos relacionados con sus funciones como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
La Corte detalla que más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimonios recolectados en la fase preliminar de la investigación han sido clave para formular la hipótesis de que los congresistas aceptaron beneficios a cambio de emitir conceptos sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda. Estos beneficios se habrían reflejado en contratos gestionados por la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, durante los últimos días del periodo de sesiones, la CICP emitió trece de los dieciocho conceptos sobre crédito público propuestos por el Ministerio de Hacienda, un hecho que la Corte considera clave en la indagatoria.
Por otra parte, la Corte también mencionó al senador Julio Elías Chagüi Flórez, aunque aclaró que las irregularidades que se le atribuyen no están vinculadas a este caso, por lo que su proceso será llevado aparte en otro radicado.
Las diligencias de indagatoria son el siguiente paso para esclarecer los hechos y determinar si hubo infracción a la ley por parte de los implicados.
