Tras el vencimiento de los plazos para la discusión del presupuesto general de la Nación para 2025, las Comisiones Económicas del Congreso no alcanzaron un consenso, lo que deja al presidente Gustavo Petro en la obligación de decretarlo. La propuesta inicial, presentada por el senador Miguel Uribe del Centro Democrático, buscaba un recorte del 5% en los gastos de funcionamiento del Estado, equivalente a 14 billones de pesos. Según Uribe, era necesario disminuir el tamaño del Estado y aumentar la inversión social.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió el presupuesto del gobierno, afirmando que la administración anterior dejó un déficit de 37 billones de pesos en 2022, lo que complica los ajustes sin afectar áreas esenciales. “No es fácil reducir el déficit sin afectar el financiamiento de programas clave”, explicó Bonilla.
Uno de los puntos más críticos de la discusión fue la financiación de la Registraduría Nacional, de cara a las elecciones de 2026. La senadora Angélica Lozano criticó que se hayan reducido recursos para la organización electoral, lo que calificó como un golpe a la democracia.
El presupuesto alternativo propuesto por la representante Olga Lucía Velásquez, que contemplaba un monto de 518 billones de pesos enfocados en redistribuir recursos clave, no alcanzó a ser debatido.
Con el proyecto hundido en el Congreso, Petro emitirá el presupuesto por decreto antes del 21 de octubre, cumpliendo con el plazo legal establecido.
