El abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, presentó una queja formal ante la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Fiscales de la ONU, en la que señala al Gobierno colombiano, y en particular al presidente Gustavo Petro, de indebida interferencia en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Mosquera calificó el asesinato de Uribe Turbay como un “crimen de lesa humanidad” y advirtió que la intromisión del Ejecutivo en un proceso de esta magnitud no solo vulnera el principio de independencia judicial, sino que también pone en entredicho el debido proceso y la credibilidad institucional.
“La injerencia política en procesos penales de esta magnitud afecta gravemente el principio de separación de poderes y mina la confianza institucional”, afirmó el jurista al dar a conocer la queja, que ya se encuentra en conocimiento del sistema internacional de derechos humanos.
El caso podría abrir un nuevo frente de cuestionamientos sobre la relación del Gobierno Petro con el aparato judicial, en un contexto en el que la independencia de la justicia ha sido tema de debate recurrente. Para la familia del senador asesinado, la internacionalización de la denuncia busca garantizar que las investigaciones avancen sin presiones ni sesgos políticos.
Analistas coinciden en que este paso eleva el caso a una dimensión diplomática y jurídica de alto nivel, pues pone bajo la lupa de Naciones Unidas las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía en Colombia. A su vez, se anticipa que esta acción podría ser usada por sectores de oposición como argumento de peso contra el gobierno, al presentarlo como un actor que estaría interfiriendo en asuntos reservados a la justicia.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa sus indagaciones sobre el magnicidio, con la expectativa de que las pruebas recolectadas permitan establecer los responsables intelectuales y materiales de un crimen que conmocionó a la política nacional.
