Tras meses de disputa judicial, la Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, una de las principales del país. El grupo Keralty, su mayor accionista, celebró el fallo y anunció que espera retomar el control de la entidad en un plazo de entre 10 y 15 días.
Desde la sede de Keralty en Bogotá, el abogado Juan David Riveros calificó la intervención de abril de 2024 como “ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”. Aunque destacó su confianza en las instituciones judiciales, también expresó que se trató de un día de “profunda tristeza y reflexión”, al considerar que el Gobierno causó un daño moral, financiero e institucional tanto a la empresa como al sistema de salud.
Según Riveros, la intervención hizo parte de una estrategia del Estado para desmantelar las EPS bajo la bandera de la reforma al sistema de salud. Acusó al Gobierno de provocar un “asfixio financiero” mediante el no pago de deudas y la omisión del problema estructural de desfinanciación. Además, denunció una persecución administrativa y mediática, sin que se encontraran faltas éticas ni legales.
La Corte Constitucional anuló las resoluciones que ordenaban la toma de posesión de Sanitas, incluida su prórroga hasta abril de 2026. Además, el caso fue remitido a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, para garantizar que se cumplan los estándares constitucionales en salud.
Keralty pidió paciencia a los usuarios mientras se materializa el fallo. Aseguran que trabajarán en un plan de choque para recuperar la operatividad y priorizar la atención a los afiliados. Aun así, reconocen que reciben una EPS devastada, con servicios deteriorados y niveles de quejas sin precedentes.
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