El pasado miércoles 7 de mayo de 2025, la Policía Nacional capturó al senador Iván Name Vásquez en su vivienda del norte de Bogotá, acatando la orden emitida esa misma mañana por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. La medida judicial responde a las pesquisas por el escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se investigan presuntos sobornos para la aprobación de proyectos de ley durante la administración de Gustavo Petro.
Según la acusación, Name —expresidente del Senado y miembro de Alianza Verde— habría recibido 3.000 millones de pesos en dos entregas de 1.500 millones cada una, gestionadas por la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en el apartamento del legislador. Estos recursos, apuntan los testimonios de exfuncionarios de la UNGRD, buscaban garantizar el paso de reformas prioritarias para el gobierno. Name ha negado cualquier vínculo con los presuntos pagos ilícitos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con votación de cuatro magistrados a favor y dos en contra, imputó a Name los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Como parte del mismo fallo, también se ordenó la captura de Andrés Calle, ex presidente de la Cámara de Representantes, señalado de recibir 1.000 millones de pesos. Calle permanece prófugo mientras avanzan las diligencias judiciales.
El arresto de Name ha desatado una fuerte controversia política: miembros de la Alianza Verde y de la oposición exigen la expulsión de los implicados, y se debate el impacto de esta crisis en la gobernabilidad. La investigación continúa, con la colaboración de varios exfuncionarios que aceptaron declararse ante la justicia.
