El Consejo de Estado dio un plazo de cinco días al presidente Gustavo Petro para que presente disculpas públicas por referirse a la oposición como “victimarios” tras la marcha en su contra en noviembre de 2024.
La decisión responde a una demanda de Josías Fiesco Agudelo, quien argumentó que Petro vulneró los derechos a la dignidad, la honra, el buen nombre y la protesta. Según el fallo, las declaraciones del mandatario fueron discriminatorias, estigmatizantes y desvalorizan las críticas de sus opositores.
El alto tribunal concluyó que sus palabras no fomentan la deliberación política y, por el contrario, pueden excluir y limitar la protesta, además de atribuir injustamente delitos de lesa humanidad a sus adversarios.
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