El salario mínimo en Colombia para 2025 fue decretado en $1.423.500, lo que representa un aumento del 9,54 % respecto al año anterior. Sumado al subsidio de transporte, que pasó de $162.000 a $200.000, el ingreso total de los trabajadores será de $1.623.500. La medida, anunciada por el presidente Gustavo Petro en Zipaquirá, generó controversia entre sectores empresariales, sindicales y económicos.
El mandatario defendió la decisión afirmando que “el salario mínimo hace crecer la economía” y proyectó que la inflación se reducirá al 3 % en 2025, lo que significaría un aumento real del 6,54 %. Sin embargo, representantes del sector privado han manifestado su preocupación por los efectos adversos que esta alza podría generar.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó la medida como “populista” y advirtió que podría convertirse en una “fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro”. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que el aumento podría incentivar la informalidad y presionar la inflación, dificultando la reducción de tasas de interés.
Desde el lado sindical, la CUT había propuesto un incremento del 12 %, mientras que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) sugirió un alza del 6,83 %. Ambos sectores expresaron posiciones encontradas frente al decreto presidencial.
Adicionalmente, el ajuste del salario mínimo impactará una amplia gama de bienes y servicios, como el transporte público, las tarifas judiciales, las pensiones mínimas, los copagos de EPS y las multas de tránsito. Según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el Gobierno trabaja en la desindexación de más de 200 productos y servicios para mitigar los efectos inflacionarios.
El debate sobre los beneficios y riesgos del aumento continúa, mientras sectores políticos destacan la importancia de esta medida para recuperar el poder adquisitivo de los colombianos.
