El reciente incremento del 12% en el salario mínimo colombiano ha provocado un intenso análisis tanto en el Gobierno como entre los trabajadores asalariados del país, quienes buscan vislumbrar cómo este cambio podría influir en sus finanzas durante el transcurso del presente año.
Este aumento ha desencadenado diversas perspectivas. Por un lado, individuos como Carlos Vargas, empleado cuyo 50% de ingresos mensuales se destina al combustible para su labor en una empresa de transporte de carga en Barranquilla, aguardan para evaluar si el incremento salarial aliviará su situación.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respalda este aumento, afirmando su prudencia al estar basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 1,9%, en relación con la inflación acumulada hasta noviembre de 2023. Resalta que esta medida señala una tendencia hacia la reducción de la inflación y las tasas de interés, generando un aumento real en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Sin embargo, el inicio de enero ha traído consigo incrementos en otros aspectos financieros, como el alza en los precios de la gasolina, peajes y alimentos ultraprocesados. A pesar de esto, Bonilla enfatiza que el aumento del salario mínimo supera la interacción del poder adquisitivo del 2023, pronosticando un aumento de 13 puntos en el poder adquisitivo real entre 2023 y 2024 para los colombianos.
El ministro destaca un cambio de política económica, apuntando a no solo ajustar los salarios para compensar la inflación, sino a garantizar un control efectivo de la misma para restaurar el poder de compra de manera sostenible. Este enfoque busca proporcionar a los ciudadanos una mejora genuina en sus finanzas, más allá de compensar los efectos inflacionarios a corto plazo.
