El escándalo de corrupción detrás del proyecto de conectividad rural adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados continúa generando indignación en Colombia. La Contraloría General de la República ordenó la recuperación de $87.027 millones tras el incumplimiento del contrato que debía llevar internet a 7.277 zonas rurales. Sin embargo, la falta de entrega de equipos y la utilización de una garantía bancaria falsa provocaron la pérdida de millonarios anticipos.
El fallo afecta a los integrantes de la Unión Temporal, empresas como ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S., y Omega Building Constructora S.A.S., junto a otros responsables, incluyendo al representante legal Luis Fernando Duque Torres y al consorcio interventor Pe2020 C Digitales.
El proyecto, que buscaba mejorar la conectividad en áreas apartadas, no solo se convirtió en un fracaso administrativo, sino que desveló graves negligencias dentro del Ministerio TIC. A pesar de las advertencias sobre los antecedentes dudosos de las empresas involucradas, el contrato fue aprobado, lo que sugiere un posible acto deliberado para favorecer intereses corruptos.
Mientras tanto, las comunidades rurales siguen sin recibir el servicio prometido, y la lucha por recuperar el dinero público se enfrenta a la evasión de los responsables. El caso refleja la persistente problemática de la corrupción en la gestión de recursos públicos en el país.
