El Decreto 0500 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, enfrenta un desafío legal luego de que el abogado Germán Calderón España interpusiera una acción ante el Consejo de Estado. Esta medida, que designa el 19 de abril como el ‘Día Cívico de la Paz con la Naturaleza’ para abordar la crisis de los embalses y promover el ahorro de agua y energía, ha desencadenado una controversia sobre las competencias del ejecutivo y el legislativo en la gestión de festividades nacionales.
Calderón España argumenta que el presidente Petro excede sus competencias al modificar el calendario cívico sin la aprobación del Congreso, según lo estipulado por la Ley 51 de 1983. Además, se ha señalado que la elección de esta fecha coincide con el cumpleaños del mandatario y el aniversario del Movimiento 19 de abril (M-19), agregando una dimensión política al debate.
El 19 de abril tiene significados múltiples en la historia colombiana, como lo destaca Antonio Navarro Wolff, exmiembro del M-19. Aunque algunos creen que conmemora la fundación del movimiento guerrillero, en realidad marca un evento de presunto fraude electoral en 1970, que desencadenó la aparición pública del M-19 en 1974.
El contexto histórico añade una capa de complejidad a la medida del presidente Petro. El Espectador recuerda las elecciones de 1970, marcadas por acusaciones de fraude que persistieron durante años hasta que en 1995 se admitieron irregularidades en el conteo de votos.
El debate sobre el decreto refleja tensiones políticas y sociales en Colombia, con la medida siendo vista por algunos como una distracción de una marcha contra el gobierno. Mientras tanto, el Consejo de Estado evalúa la demanda, y la sociedad colombiana reflexiona sobre la intersección entre la historia nacional, la política contemporánea y la gestión ambiental.
